Consultorio Jurídico

Brinda los servicios de asesoría jurídica, judicial y extrajudicial, gratuitos dentro del ámbito de su competencia a la población vulnerable del Departamento de Sucre.

Finalidad

Servir de escenario de prácticas jurídicas a los estudiantes de los dos (2) últimos años del pregrado de derecho, orientándolos en el ejercicio de la abogacía mediante la asignación de procesos en las distintas áreas del derecho, a fin de formar en ellos una conciencia crítica que les permita poner en práctica la función social de la profesión, con fundamento en los conocimientos adquiridos en el desarrollo del programa académico.

Brindar los servicios de asesoría jurídica, judicial y extrajudicial, gratuita dentro del ámbito de su competencia y con las limitaciones señaladas en la ley, a la población vulnerable del Departamento de Sucre, con menos posibilidades de contratar los servicios profesionales de un abogado para acceder al servicio público de la administración de justicia, entendidos como aquellos usuarios de estratificación socioeconómica 1 y 2, desplazados por la violencia sociopolítica, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, adultos mayores y personas que se encuentren en especiales circunstancias de debilidad manifiesta, al igual que a todos aquellos que las leyes designen.

Misión

El Consultorio Jurídico tiene como misión reforzar a los estudiantes de los dos (2) últimos años del programa de Derecho en la práctica jurídica, aplicando los conocimientos en una forma dinámica, organizada, participativa y crítica, contribuyendo en el proceso de formación integral mediante la capacitación teórica, práctica e investigativa para la prestación del servicio a la comunidad en un ambiente de aprendizaje libre, en el que primen la ética, la equidad, la solidaridad, la responsabilidad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la libertad, desarrollando técnicas en todos los trámites relacionados con la práctica y el ejercicio del Derecho, que los proyecten como protagonistas de nuestra sociedad en la solución de conflictos para promover la convivencia pacífica y el acceso a la justicia.

Visión

El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se proyecta como un escenario de aprendizaje práctico, investigativo y de proyección social del programa de Derecho, que será reconocido por la prestación de servicios socio-jurídicos de calidad, dirigido a sujetos de especial protección constitucional y a personas naturales que carezcan de medios económicos, mediante estrategias de litigio, investigación, realización de proyectos comunitarios y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que respondan a las exigencias de la sociedad en cumplimiento de la Constitución, la Ley, las Normas Institucionales e implementación de las Políticas Públicas.

Asesorías

Asesorías y orientación en las áreas de familia, civil, público, laboral en los siguientes temas principalmente: servicios públicos domiciliarios, servicios públicos no domiciliarios, salud, comparendos, créditos Icetex, garantías de productos adquiridos, acreencias laborales y impuesto predial.

Instrumento Juridíco

Elaboración y representación de terceros en derecho de petición, recursos de reposición y apelación, acciones de tutela, incidentes de desacato, requerimientos prejudiciales, así como también procesos judiciales en las áreas de derecho de familia, civil, laboral, sobre temas de contratos de arrendamiento, contratos de compra y venta, contrato de prestación de servicios, acciones de protección al consumidor, reclamaciones directas y liquidaciones y pago de acreencias laborales, entre otros.

Experiencias

Líderes en la comunidad del Departamento de Sucre y municipios aledaños como el Carmen de Bolívar y San Jacinto. 20 años de servicio a la comunidad realizando diferentes brigadas jurídicas de atención para asesorías y elaboración de documentos que han generado un impacto positivo en la comunidad

01.	En materia penal en los procesos de conocimiento de los jueces penales municipales o promiscuos municipales: • Como representantes de la parte civil en los procedimientos regidos por la Ley 600 de 2000, o representantes de víctimas en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso. • Como defensores o voceros en los procesos regidos por la Ley 600 de 2000 o como defensores en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso. • En los asuntos querellables, así como en los procedimientos penales de los que conocen los juzgados municipales cuando actúen como jueces de conocimiento o como jueces de control de garantías, incluso si son juzgados promiscuos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 941 de 2005; • Como representantes del acusador privado en los términos de la Ley 1826 de 2017.
02.	En materia penal como apoderados de víctima en procesos de conocimiento de los jueces penales del circuito tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.
03.	En los procedimientos laborales, siempre y cuando la cuantía no supere los 20 smlmv.
04.	En los procedimientos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia.
05.	En los procedimientos de jurisdicción voluntaria. En cualquier caso, para los asuntos relativos a la emancipación y la adopción, el estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas.
06.	En los procedimientos de competencia de los jueces de familia en única instancia, y en los trámites administrativos que adelantan las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia e Inspecciones de Policía, salvo los asuntos que versen sobre medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de adopción. Si el asunto versará sobre la patria potestad, el estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas.
07.	En las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento y populares.
08.	En los arbitrajes sociales, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 o la norma que haga sus veces.
09.	En los siguientes asuntos jurisdiccionales, adelantados ante autoridades administrativas, siempre y cuando se puedan llevar a cabo en la zona de influencia que determine el Programa de Derecho respectivo: • Ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Las Acciones de Protección al Consumidor • Ante la Superintendencia Financiera: La Acción de Protección al Consumidor Financiero • Ante la Superintendencia de Salud: Las Acciones Sobre Negación de Cobertura, Reembolso Económico de Gastos Médicos, y Reconocimiento y Pago de Incapacidades y Licencias.
10.	En los procedimientos disciplinarlos de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación, cuando sea imposible la notificación. De lo anterior, se exceptúan los procesos contra funcionarios de elección popular, dirección, confianza y manejo.
11.	De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías Municipales, Distritales, Departamentales y General de la República, cuando sea imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionar/os de elección popular, dirección, confianza y manejo.
12.	En los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las Superintendencias, Autoridades Administrativas, los Organismos de Control y las Entidades Constitucionales Autónomas.
13.	En los asuntos policivos adelantados bajo el trámite verbal abreviado ante los inspectores de policía, así como en los procesos relativos al control y recuperación del espacio público adelantados ante los entes territoriales.
14.	En la elaboración de derechos de petición, quejas y reclamaciones, así como el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como privadas.
15.	En trámites de beneficios administrativos, subrogados penales y sustitutivos de la prisión y solicitudes de libertad, en los términos de la Ley 1760 de 2015 o la que la sustituya.
16.	En los procedimientos contravencionales de tránsito, para asuntos cuya sanción no fuere superior a multa de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes.